Las mil hectáreas que la Policía Nacional alistaba para rociar desde el aire en Putumayo tendrán que esperar. El Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís congeló de manera temporal el plan piloto con el que la institución pretendía retomar la fumigación de sembradíos de coca, esta vez con glufosinato de amonio en lugar de glifosato.
La pausa llegó después de que el despacho admitiera una tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social.
La organización no pelea contra la erradicación ni contra la lucha antinarcóticos: reclama que esa política respete los límites constitucionales y ambientales que hoy existen.
El argumento central de la acción judicial apunta a un riesgo concreto: que las autoridades pretendan medir los efectos de un herbicida nuevo aplicándolo directamente sobre el territorio putumayense, y no mediante otros mecanismos.
Todo esto ocurre mientras la Corte Constitucional mantiene vetado el glifosato por los graves peligros que representa para la salud de los colombianos.
La Fundación exige que ninguna avioneta despegue hasta que evidencia científica objetiva, independiente y rigurosa descarte daños sobre la salud humana, las fuentes hídricas, los cultivos lícitos, la biodiversidad y los polinizadores naturales como las abejas.
Pide amparar la vida, la integridad personal, la salud, el agua, el ambiente sano, la participación ciudadana y la protección de la biodiversidad.
La suspensión se sostendrá hasta que la Policía y las autoridades ambientales entreguen datos de fondo sobre los riesgos y la planeación completa del ejercicio, y hasta que “se cuente con los elementos de juicio necesarios para resolver de fondo la controversia sometida a consideración del juez constitucional”.
Con carácter urgente, el juzgado requirió al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa, la Dirección Antinarcóticos y el departamento de Putumayo.
Deberán precisar qué municipios caen dentro del polígono de intervención, si ya firmaron acta de inicio, qué contratos existen y si alguien analizó la necesidad de consulta previa con comunidades étnicas.
