La empresa Cerro Matoso informó que completa ocho días operando al 75% de su capacidad, como consecuencia de las restricciones en el suministro de gas natural impuestas por Canacol Energy, situación que continúa agravándose y que pone en riesgo la continuidad de la operación minero-industrial en el sur de Córdoba.
Durante este periodo, la disminución intempestiva en las entregas de gas ha impactado a más de 220 puestos de trabajo, incluida la exoneración temporal del servicio de aproximadamente 100 empleados y la reducción de más de 120 contratistas. La compañía también tuvo que recortar el alcance del 25% de los contratos de bienes y servicios, disminuir el personal del turno nocturno tanto en la operación principal como en Queresas y Porvenir, y limitar el número de equipos en esta última zona.
Debido a las fluctuaciones impredecibles en las entregas de Canacol Energy, que en los últimos días oscilaron entre 5.000 y 6.000 MBTU diarios —cerca de una tercera parte del volumen contratado—, Cerro Matoso se vio obligada, a partir de hoy, a detener temporalmente una de sus dos líneas de producción, lo que representa una reducción cercana al 50% de su capacidad productiva.
La compañía advirtió que, de mantenerse o profundizarse estas restricciones, deberá parar de forma indefinida esa línea de producción en los próximos días, con afectaciones adicionales sobre el empleo, la contratación de bienes y servicios, las compras locales y los aportes por impuestos y regalías.
Según el comunicado, Cerro Matoso mantiene un contrato de suministro de gas con Canacol Energy vigente hasta 2029. No obstante, a comienzos de mayo, Canacol solicitó ante una corte de Canadá terminar anticipadamente los contratos de suministro que mantiene en el país, petición que la Corte de Alberta avaló en primera instancia. La empresa minera manifestó su disposición a negociar una solución, aunque calificó las propuestas de Canacol como inviables por sus incrementos tarifarios desproporcionados.
Cerro Matoso reiteró su llamado urgente a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Minas y Energía para que actúen de inmediato y protejan a las más de 50.000 personas que dependen directa e indirectamente de esta operación.
