La falta de recursos financieros impide a los departamentos ejercer sus competencias territoriales, a pesar de tener asignadas responsabilidades constitucionales en educación, salud e infraestructura. Esta situación fue expuesta durante el debate del proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) en el Congreso de la República.
El caso del departamento de Córdoba ilustra esta problemática nacional. De un presupuesto de 1.5 billones de pesos para 2025, solo 1.500 millones quedarán disponibles para inversión libre, después de cubrir gastos fijos como nómina docente, transferencias en salud y pagos de la Ley 550.
“Hoy vemos con preocupación que tenemos las competencias asignadas por ley, pero no contamos con los recursos necesarios para ejercerlas. En el caso de Córdoba, del presupuesto total, 1.2 billones se destinan al pago de profesores, 100 mil millones a salud y 50 mil millones a la Ley 550”, explicó el gobernador Erasmo Zuleta.
La reforma al SGP, que lleva 30 años en discusión legislativa, propone incrementar las transferencias nacionales del 22% al 46%. Este aumento busca fortalecer la capacidad financiera de departamentos y municipios para ejecutar proyectos de desarrollo regional.
La iniciativa también contempla una redefinición de las responsabilidades entre el gobierno central y las entidades territoriales. La Federación Nacional de Departamentos (FND) impulsa una ley de competencias que establezca con claridad los roles de cada nivel de gobierno.
“Lo fundamental es reducir la burocracia que genera fuga de recursos y definir las responsabilidades de cada actor para que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades”, señaló Zuleta, próximo presidente de la FND.
El proyecto de reforma constitucional al SGP continúa su trámite en el Congreso, donde se debaten los mecanismos para garantizar mayor autonomía financiera a las regiones y una descentralización efectiva de los recursos públicos.
