La Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, reconoció durante su visita a Montería que el Gobierno Nacional enfrenta serias dificultades para modificar contratos de concesiones viales heredados de administraciones anteriores, los cuales afectan significativamente a departamentos como Córdoba.
“Nos han dejado en muchos casos contratos que es muy difícil modificar”, afirmó Rojas al ser consultada sobre los altos costos de peajes que impactan a los habitantes de la región. La funcionaria explicó que estas dificultades limitan la capacidad del Gobierno para intervenir en la revisión de tarifas.
La ministra indicó que su despacho trabaja en transformar progresivamente el modelo de gestión de la infraestructura vial del país. “Durante años se ha instalado una lógica en cuanto a concesiones que además no han sido vigiladas, que a veces no cumplen las obligaciones que tienen”, señaló.
Como alternativa, Rojas anunció que en los casos donde la capacidad institucional lo permita, el Gobierno asumirá directamente la gestión de peajes y el mantenimiento de vías. “Estamos tratando de ejercer ese control y en algunos casos vamos a hacer la gestión directamente. Eso hará que el recurso rinda mucho más, que se pueda hacer mantenimiento de la malla vial y que en algunos casos se pueda revisar tarifas“, explicó.
La titular de la cartera de Transporte denunció además deficiencias en la defensa jurídica del Estado ante tribunales de arbitramento. “Cuando uno revisa la gestión jurídica que hace la ANI, perdemos todos los tribunales de arbitramento. Ha habido una gestión jurídica deficiente del Estado y no puede ser”, criticó.
“Estoy empeñada en esa tarea que les digo, no es fácil, espero ganar ahí varias batallas judiciales porque ganarlas significa defender el interés de las comunidades”, afirmó.
La funcionaria reconoció que el cambio en el modelo de concesiones viales no será inmediato, pero manifestó su determinación para “ir cambiando poco a poco esa lógica de esclavizarnos de algunas concesiones”. Este enfoque, según explicó, busca equilibrar la sostenibilidad financiera de la infraestructura con tarifas más justas para los usuarios.
