Los Ministerios de Hacienda y Minas ordenaron una auditoría forense a los contratos de venta de energía de Urrá, tras detectar presuntas irregularidades en la comercialización de energía. La decisión se tomó en el marco de la política gubernamental por la justicia tarifaria, especialmente en la Región Caribe.
Según el comunicado emitido por ambas carteras, se solicitó información sobre los precios, empresas contratantes, mecanismos utilizados, modalidades y duración de los contratos de Urrá. Las sospechas surgieron al revisar estos datos en el contexto de los esfuerzos por reducir las tarifas eléctricas en la región.
“Los ministerios solicitaron a Urrá activar una auditoría específica sobre los hechos mencionados y contratar una auditoría forense que permita disipar cualquier duda respecto de dichos contratos”, indica el documento oficial.
El 31 de julio, los representantes ministeriales en la Junta Directiva de Urrá recibieron instrucciones de exigir al gerente encargado, Eduardo Díaz, la suspensión de cualquier contrato de venta de energía hasta que se aclare la situación.
El comunicado también aborda la salida del expresidente de Urrá, Rafael Amaya Del Vecchio. Su despido, decidido en febrero, fue inicialmente revertido por una tutela, pero finalmente ratificado por el Tribunal Superior del Distrito de Montería en mayo.
Los ministerios aclararon que, según los estatutos de Urrá, la celebración de contratos energéticos no requiere aprobación de la Junta Directiva. Por ello la solicitud de auditoría para garantizar la transparencia en las operaciones de la empresa.
