La Superintendencia de Salud ordenó a Nueva EPS ejecutar un plan urgente para legalizar las facturas de pagos ya realizados a prestadores de salud en todo el territorio nacional. La medida busca solucionar la grave crisis administrativa que tiene represados billones de pesos en el sistema.
Giovanny Rubiano, superintendente de Salud, asignó esta tarea a Gloria Polanía, la nueva gerente interventora de la EPS, quien debe completar en “pocas semanas” una ronda con prestadores en todo Colombia. El objetivo es definir exactamente a qué facturas específicas se aplicarán los pagos que ya recibieron los prestadores por servicios médicos entregados.
La orden surge después de que la Contraloría alertara sobre irregularidades en el manejo financiero de Nueva EPS. El ente de control detectó un incremento del 155% en los llamados “anticipos”, que pasaron de $3.4 billones en 2023 a $8.6 billones en 2024, alcanzando $15.27 billones en junio de 2025.
Sin embargo, Supersalud defiende que estos montos no constituyen anticipos, sino pagos por servicios médicos ya prestados que simplemente no especifican a qué factura deben aplicarse. “Nueva EPS solo tiene que hacer con cada prestador las respectivas actas donde acuerda a qué facturas se imputarán dichos pagos”, explicó la entidad en un comunicado.
Controversia entre entidades de control
La Superintendencia criticó el informe de la Contraloría, argumentando que el ente de control no consideró las falencias previas de Nueva EPS ni su falta de transparencia histórica. Esta EPS se encuentra bajo intervención del Gobierno Nacional desde abril de 2024.
La situación administrativa ha deteriorado la atención a pacientes, quienes protestaron en los últimos meses por falta de medicamentos en dispensarios y demoras en la atención médica. La legalización de estos pagos pretende normalizar las relaciones con prestadores y mejorar el servicio.
