Durante la sesión de seguimiento al pago de las Unidades de Precio por Capitación ante la Corte Constitucional, la procuradora delegada para el sector salud, Diana Ojeda, reiteró la posición de la Procuraduría sobre la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud.
Según la procuradora Ojeda, no se encontró ninguna justificación para la intervención de Sanitas, ya que la entidad había sido certificada por cinco años adicionales en septiembre, antes de ser intervenida a principios de abril. La falta de fundamentos técnicos para esta intervención genera pánico e incertidumbre entre la población y afecta directamente los servicios de salud.
La Procuraduría ha iniciado una red de vigilancia para supervisar el trabajo de los interventores en materia de mejoramiento del servicio, contratación, finanzas y funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud.
En cuanto a la liquidación voluntaria solicitada por Compensar, la Procuraduría advirtió sobre las graves consecuencias que esto podría tener para los 2 millones de afiliados a esa entidad, así como para el sistema de salud en general. La procuradora Ojeda subrayó la importancia de garantizar el derecho fundamental a la prestación de servicios de salud y evitar situaciones que afecten la atención a los pacientes y la sostenibilidad financiera del sistema.
La Procuraduría realizó una inspección en las instalaciones de la Superintendencia de Salud para recoger pruebas relacionadas con la intervención de Sanitas y la Nueva EPS. A pesar de las afirmaciones del superintendente Luis Carlos Leal de que no se contaba con los documentos necesarios, la Procuraduría aseguró que no se encontró un expediente administrativo que respaldara las intervenciones.
