La senadora Jennifer Pedraza Sandoval, junto con Alejandro Palacio Restrepo y Carlos Felipe Parra Rojas, presentaron ante las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, una demanda contra el senador electo Wadith Alberto Manzur Imbett, por no haber tomado posesión de su curul dentro del término constitucional establecido.
Según la demanda, radicada el 29 de julio de 2026, Manzur Imbett fue elegido senador por el Partido Conservador Colombiano con 134.914 votos en los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026. Sin embargo, tres días después de la elección, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación en su contra por el delito de cohecho impropio, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y ordenó su detención.
De acuerdo con el documento, el Congreso de la República se instaló el 20 de julio de 2026, fecha a partir de la cual corrió el término de ocho días para que los congresistas electos tomaran posesión de sus cargos. Los demandantes sostienen que Manzur no se posesionó ni el 20 de julio ni dentro del plazo constitucional, situación certificada por la Secretaría General del Senado, pese a que su defensa habría solicitado mecanismos alternativos para su posesión, entre ellos un traslado bajo custodia que la Corte Suprema de Justicia calificó como jurídicamente improcedente.
La demanda argumenta que la eventual alegación de fuerza mayor por parte del senador no sería procedente, al considerar que su detención no cumple los requisitos de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad exigidos por la jurisprudencia, dado que el proceso penal en su contra ya se encontraba en etapa avanzada antes de que decidiera presentarse a la reelección.
Con base en estos argumentos, los accionantes solicitaron al Consejo de Estado decretar la pérdida de investidura de Wadith Alberto Manzur Imbett como senador de la República para el periodo 2026-2030, y declarar su inhabilidad permanente para ejercer cualquier cargo público de elección popular.
