En medio del debate público generado tras el accidente del Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, el senador Antonio José Correa aclaró que en Colombia no existe ninguna ley que obligue a la Fuerza Pública a contratar seguros comerciales para sus aeronaves militares, y que la ausencia de ese tipo de pólizas no constituye un vacío legal sino una política jurídica y fiscal estructurada.
El congresista precisó que asegurar la flota militar bajo esquemas comerciales implicaría costos desproporcionados para el erario, con primas estimadas en más de 22 millones de dólares, trasladando recursos públicos a aseguradoras privadas para cubrir riesgos de guerra y operaciones en zonas de alta peligrosidad que en muchos casos ni el mercado asegurador internacional está dispuesto a asumir.
Colombia opera bajo un modelo de autoaseguramiento, en el que el Estado responde directamente con recursos públicos ante eventuales daños sin intermediación financiera, una práctica adoptada también por países como Estados Unidos, Canadá y Francia, respaldada además por jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano.
Correa Jiménez recordó que las aeronaves militares no cumplen funciones comerciales, operan en condiciones excepcionales de riesgo y su control técnico es ejercido directamente por el Estado, y que cuando se presentan afectaciones a terceros el país responde bajo el principio de responsabilidad extracontractual.
“El país no necesita desinformación sobre una supuesta falta de seguros. El verdadero debate debe centrarse en soluciones estructurales que fortalezcan la gestión del riesgo público”, concluyó el senador.
