Con profunda preocupación reaccionó la Asociación Colombiana de Minería (ACM) ante la expedición del decreto 044 que faculta a los ministerios de Ambiente y Minas para delimitar áreas de reserva natural donde se podría restringir la actividad minera, sin contar con criterios técnicos claros.
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, indicó que esta regulación pasa por encima de la legislación vigente al permitir la suspensión de proyectos mineros sobre la base de un “principio de precaución” que, a su juicio, las cortes no han entendido de esa manera hasta ahora.
“La norma es ambigua y genera incertidumbre sobre su impacto en proyectos existentes. Pedimos al Ministerio de Ambiente aclarar si se respetarán los derechos adquiridos a través de títulos mineros otorgados”, agregó Nariño.
Asimismo, el directivo gremial advirtió que el decreto desconoce la autonomía regional al arrebatar competencias en materia ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para concentrarlas en los ministerios.
“El Gobierno no puede olvidar que la minería formal representa el 3% del PIB, 20 billones en contribuciones anuales, 900 mil empleos y más de la mitad de la economía en departamentos como La Guajira y el Cesar”, enfatizó.
Pese a que el sector elevó más de 400 solicitudes de ajuste al decreto durante su etapa de consulta pública, Nariño aseguró que ninguna se vio reflejada en la versión definitiva expedida por el Gobierno.
El representante de los mineros hizo entonces un llamado al Ministerio de Ambiente para que explique el verdadero propósito de la regulación a las comunidades donde opera la industria extractiva.
Finalmente, señaló que en diálogo con el Ministro de Minas se instalará una mesa de trabajo para entender el alcance de la nueva normativa. Sin embargo, la ACM mantiene su rechazo ante lo que considera una imposición arbitraria sin el respaldo de un proceso técnico riguroso.
