La Unidad de Restitución de Tierras (URT) informó que la empresa Tekia S.A.S., filial del Grupo Empresarial Argos, firmó un acuerdo para restituir y rehabilitar 157 hectáreas que fueron despojadas a 21 campesinos por grupos ilegales en el municipio de San Onofre, Sucre.
La entidad gubernamental detalló que el convenio, gestionado luego de un fallo de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, también contempla indemnizaciones para las víctimas. Además, señala el saneamiento de los terrenos antes ocupados por plantaciones de teca.
“Este acuerdo voluntario de rehabilitación ambiental de suelos es pionero en ir más allá de la entrega material que ordenó la sentencia y es un ejemplo de construcción de paz territorial”, afirmó el director de la URT, Giovani Yule.
De acuerdo con la URT, los solicitantes tuvieron que huir de sus parcelas entre 2003 y 2005 por la arremetida violenta de actores armados ilegales que buscaban apoderarse de esas áreas fértiles para sus actividades ilícitas.
Tras una década del inicio del conflicto en la zona, en 2013 la entidad inició el proceso administrativo de restitución que derivó en la actual decisión judicial, la cual beneficiará en esta primera etapa a 3 parceleros con la entrega inmediata de sus terrenos.
El directivo de la URT explicó que el acuerdo firmado por la empresa del Grupo Argos es resultado del nuevo enfoque de construcción de paz territorial que aplica el Gobierno Nacional, donde confluyen poderes del Estado y sector privado para resarcir a las víctimas.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio a conocer que tribunales especializados han proferido desde 2013 un total de 21 sentencias contra empresas vinculadas al Grupo Empresarial Argos en los Montes de María, Sucre, por casos de despojo y abandono forzado de tierras.
En ninguno de los 21 casos juzgados hasta ahora se ha aceptado declarar la buena fe de las empresas señaladas en la adquisición de predios en medio del conflicto armado que azotó la región.
La URT explicó que todas las decisiones judiciales han favorecido las reclamaciones de las víctimas campesinas, determinando la ocurrencia de compraventas y despojos bajo coacción del paramilitarismo.
Como resultado, los fallos de restitución ya suman la recuperación y devolución de 1.466 hectáreas de tierra fértil a un total de 53 reclamantes reconocidos como damnificados.
