Nación. Este documento, cuyos autores son los representantes Iván Cepeda y Ángela Robledo, tuvo su último debate esta semana y solo le falta debatir un nuevo artículo y la conciliación entre lo que ha sido aprobado por Senado y Cámara.
La impunidad de la violencia sexual en medio del conflicto llega al 98%, según el informe “Colombia: mujeres, violencia sexual en el conflicto y el proceso de paz”, publicado por la corporación Sisma Mujer y ABColombia. Por eso, tras un debate de control político en 2010 a diferentes autoridades, estos dos representantes a la Cámara por Bogotá, decidieron trabajar en una ley que diera lugar a una justicia más efectiva para estos casos.
Uno de los puntos clave de esta propuesta es que ampliaría la tipificación de lo que se conoce como violencia sexual, abarcando actos más allá del abuso físico. Esto, a raíz de que, como indica Cepeda, “la Corte Constitucional encontró que hay al menos 16 formas de abuso sexual contra las mujeres en el conflicto armado”.
Para ello, el proyecto establece que “la ausencia de rastros de espermatozoides, fluidos, ADN, o lesiones en el cuerpo de la víctima, no es razón suficiente para concluir la no ocurrencia de la conducta”. Además se incluyen cuatro nuevas conductas punibles de delitos sexuales, diferentes a las establecidas por el Código Penal: esterilización, embarazo, desnudez y aborto forzados.
Con esta nueva tipificación, Colombia estaría acorde con las recomendaciones internacionales. Otros países en contexto de guerra, como Ruanda o Yugoslavia, han aplicado esta ampliación, y, según Robledo, estos casos “han mostrado que mediante este ejercicio de tipificación poco a poco se va avanzando frente al tema de la impunidad”
Otro mecanismo que se plantea en este proyecto que, según Cepeda “puede generar una revolución en esta materia”, es la exigencia a las autoridades judiciales de que se investigue en qué medida ocurrió el hecho para determinar si puede catalogarse como un crimen de lesa humanidad: “Se entenderán como ‘crimen de lesa humanidad’ los actos de violencia sexual cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, de conformidad con las definiciones del artículo 7 del Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes desarrollados a partir de ese estatuto”.
En cuanto a los derechos y las garantías para las víctimas de violencia sexual, se establecen 12 puntos para evitar la re victimización durante el proceso judicial. En primer lugar, se exige preservar la intimidad y privacidad de la víctima, se les da el derecho a no ser confrontadas con su agresor, acceso a asesoría legal, a declarar en lugares donde se sientan en confianza y a ser atendidas por personas formadas en derechos humanos y enfoque diferencial.
Además, tienen derecho a no ser sometidas a pruebas repetitivas y a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas que conlleven una intromisión innecesaria en su intimidad.
Las víctimas de violencia sexual tienen también derecho a la atención gratuita dentro del sector salud, su atención se brindará como una urgencia médica, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta, y de la existencia de denuncia penal.
Cada hora, 6 mujeres agredidas
Según la Defensoría del Pueblo, las cifras evidencian que la mujer se ha convertido en un instrumento de guerra para los diferentes actores que hacen parte del mismo. Una de las cifras más dicientes la arroja una encuesta realizada por la campaña ‘Saquen mi cuerpo de la guerra’, y estima que 12.809 mujeres fueron víctimas de violación relacionada con el conflicto entre 2000 y 2009; es decir que, cada hora, 6 mujeres sufrieron este crimen. Además, 1.575 fueron obligadas a ejercer la prostitución, 4.415 tuvieron embarazos forzados y 1.810 abortos forzados.
Hasta noviembre de 2013, la Unidad de Víctimas registraba 2´945.559 mujeres víctimas del conflicto, quienes en un 87% fueron víctimas de violencia sexual.
Se incluyen cuatro nuevas conductas punibles de delitos sexuales, diferentes a las establecidas por el Código Penal: esterilización, embarazo, desnudez y aborto forzados.
