El representante del gremio transportador en Córdoba, Gabriel Jiménez, solicitó a la Asamblea Departamental gestionar la administración del peaje Garzones por parte de la Gobernación, durante el debate sobre la creación de una sociedad de economía mixta adscrita a la Secretaría de Tránsito.
“Nuestra propuesta sería que todos ustedes se vuelvan en una sola misión y defendamos que el peaje de Garzones, que ya fue entregado, porque ya se acabó la concesión, para que sea administrado por la Gobernación y aliviar los costos operativos que hoy nos tienen agobiados”, expresó Gabriel Jiménez, representante de los transportadores, durante su intervención.
El llamado se produce en un momento crítico para el sector, que enfrenta tres factores negativos, según expuso Jiménez: “El transporte en Córdoba tiene tres factores negativos: la informalidad nos tiene acabados, los altos costos y la falta de control”.
El cruce por la caseta del peaje de Los Garzones cuesta $6400 para vehículos categoría I y $16,200 para buses y camiones categoría II.
La sobrecarga de peajes en las vías del departamento representa uno de los principales obstáculos económicos para las empresas de transporte formal. “Córdoba está sitiada por peajes”, advirtió a su turno el diputado Gabriel Calle al respaldar la preocupación de los transportadores, añadiendo que el departamento cuenta con nueve peajes que afectan directamente la economía del sector.
Los transportadores ven en la administración departamental del peaje Garzones una oportunidad para establecer tarifas más favorables que permitan reducir los costos operativos.
Esta solicitud llega mientras la Asamblea debate la creación de una sociedad de economía mixta para modernizar los servicios de tránsito departamental, que incluiría la implementación de fotomultas, lo que podría representar una carga económica adicional para los transportadores.
La propuesta busca que la Gobernación aproveche la finalización de la concesión del peaje Garzones para asumir su administración directa, estableciendo tarifas más favorables para el transporte formal y generando recursos propios para el departamento sin intermediarios privados.
Los diputados se comprometieron a evaluar la viabilidad de esta propuesta, que requeriría establecer conversaciones con entidades nacionales como el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura para definir las condiciones de traspaso de la administración del peaje al departamento.
