Montería. Ante las crecientes denuncias en el país sobre falta de insumos de protección y bioseguridad para el personal asistencial que labora en clínicas y hospitales, la Procuraduría General de la Nación requirió a las Secretarías Departamentales y Municipales de Salud, a fin de hacer cumplir la obligación de las IPS de entregar dicha dotación.
A través de un oficio, el Ministerio Público recordó a las Secretaría de Salud de los entes territoriales que tienen la competencia de ejercer inspección y vigilancia, en el entendido de asegurar esa dotación vital para que el personal asistencial realice su labor y minimizar riesgo de contagios.
En medio de la pandemia por el COVID-19 la Procuraduría recordó la directriz presidencial de recurrir a las Administradoras de Riesgo Laborales (ARL) para la provisión de los elementos de protección, e hizo un llamado a las secretarías de salud a indagar sobre las gestiones hechas por las gerencias o administraciones de las IPS y ESE para su obtención.
Para el caso del departamento de Córdoba, la Secretaría de Salud Departamental anuncio la inversión de más de 800 millones de pesos en dotación para el personal asistencial, se espera que entre viernes y sábado lleguen los primeros pedidos.
Por parte del municipio de Montería, la ESE Vidasinú también realizó lo propio y destinó recursos para la dotación del personal asistencial.
