El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, confirmó la apertura de una indagación contra servidores públicos de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Nicaragua, luego de que un video revelara la presencia de Carlos Ramón González en una celebración en Managua.
González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tiene circular roja de Interpol y es señalado como uno de los cerebros del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“Ya se pidieron las primeras informaciones para determinar quiénes estaban a cargo de la cancillería y quiénes pudieron haber hecho el ingreso o la invitación”, explicó Eljach durante una rueda de prensa este martes.
El jefe del Ministerio Público precisó que las embajadas constituyen una extensión del territorio nacional y, por tanto, allí se ejerce soberanía colombiana.
“Es como si hubiera estado aquí en Colombia en alguna parte del territorio”, sostuvo el procurador al referirse a la presencia del prófugo en el evento, de igual forma se busca establecer si la fiesta fue organizada por la misión diplomática colombiana en ese país.
En el mismo lugar fue visto Óscar Muñoz, actual encargado de negocios de la Embajada, quien previamente habría gestionado la renovación del estatus migratorio del exfuncionario ante las autoridades nicaragüenses.
El funcionario aclaró que Óscar Muñoz no es servidor público en este momento, razón por la cual la investigación se dirige contra quienes sí ostentan esa condición: los empleados de Cancillería y la sede diplomática que habrían facilitado su participación en el evento.
“Estamos determinando quiénes estaban allí, quién invitó, quién dio la orden, quién organizó la festividad que se conoce por medios abiertos”, detalló Eljach.
El procurador advirtió que si durante el proceso se configuran las causales de ley, podrían ordenarse suspensiones provisionales contra los funcionarios implicados.
“Si el funcionario puede volver a cometer la misma conducta o puede perturbar el transcurso de la investigación, sin duda alguna que habrá suspensión”, puntualizó.
González permanece en Nicaragua desde noviembre de 2024 bajo asilo político del gobierno de Daniel Ortega. La Fiscalía le imputó cargos por cohecho, peculado y lavado de activos el 21 de mayo de 2025, el mismo día en que la embajada tramitaba la renovación de su residencia en ese país centroamericano.
