La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta preventiva por la próxima terminación del contrato fiduciario que administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), prevista para el 31 de octubre de 2026, y por el déficit estimado para financiar la atención en salud de docentes y beneficiarios durante lo que resta del año.
El organismo de control solicitó al Consejo Directivo del FOMAG informar qué decisiones ha adoptado para garantizar la continuidad de la administración fiduciaria desde el 1 de noviembre y qué medidas contempla para evitar interrupciones en los servicios de salud y en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas.
En ese sentido, la Procuraduría también puso el foco sobre las necesidades presupuestales del componente de salud.
Aunque el Consejo Directivo aprobó recientemente un traslado de $859.000 millones, el Fondo todavía enfrenta un faltante estimado de $1,84 billones para cubrir las necesidades proyectadas de 2026.
Ante este escenario, el Ministerio Público pidió conocer las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para conseguir recursos adicionales. La entidad solicitó precisar cuánto dinero se ha requerido, en qué estado se encuentran los trámites y qué alternativas de contingencia existen si los recursos no llegan oportunamente.
La Procuraduría advirtió que los problemas relacionados con la administración contractual y las finanzas del FOMAG no deben afectar la continuidad, oportunidad ni calidad de la atención de los afiliados.
Como parte del seguimiento preventivo, el organismo pidió información prioritaria sobre las acciones previstas para garantizar el funcionamiento del Fondo a partir del próximo 1 de noviembre y los soportes de las gestiones presupuestales relacionadas con el déficit de recursos para salud.
