El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, condenó el asesinato de once menores de edad ocurrido en la vereda Pipiral, corregimiento de Barranco Colorado, en el municipio de San José del Guaviare, como consecuencia directa de los enfrentamientos armados entre estructuras disidentes de las extintas FARC lideradas por los alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.
El máximo representante del Ministerio Público calificó los hechos como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, advirtiendo que este tipo de crímenes no son susceptibles de amnistía ni de ningún beneficio jurídico, y exigió a las autoridades competentes perseguir y someter a la justicia, con la máxima severidad, a los responsables materiales e intelectuales de la barbarie.
Eljach dirigió además un llamado directo a los organismos del Gobierno Nacional encargados de formular y ejecutar políticas públicas de protección a la infancia y la adolescencia, para que asuman su responsabilidad institucional de manera inmediata y sin pretextos, con el propósito de impedir que los grupos armados ilegales continúen utilizando a niños, niñas y adolescentes como instrumentos de sus confrontaciones internas.
La masacre encendió las alarmas sobre la crisis humanitaria que atraviesa el departamento del Guaviare, territorio históricamente golpeado por la presencia de actores armados que operan al margen de la ley y que han convertido a las comunidades rurales, especialmente a los menores, en las principales víctimas de su violencia.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales también alzaron su voz de rechazo ante los hechos, exigiendo investigaciones exhaustivas y garantías reales de no repetición.
