El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, anunció que un equipo de cinco expertos de la Procuraduría viajará este jueves a San Andrés para recopilar información relacionada con la indagación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Dicho anuncio lo hizo Eljach durante declaraciones a medios, en las que explicó que el Ministerio Público abrió actuaciones preliminares a partir de información conocida públicamente.
El procurador señaló que estas actuaciones permiten ordenar pruebas, debido a que la información difundida públicamente no resulta suficiente, por sí sola, para adoptar decisiones disciplinarias.
Para el caso de San Andrés, Eljach indicó que la comisión estará integrada por personal de una delegatura nacional con competencia en el asunto y funcionarios de la Oficina de Investigaciones Especiales, quienes asumirán la labor técnica.
“Se va una delegatura nacional que tiene competencias sobre el tema, va una delegación de la Oficina de Investigaciones Especiales para la parte técnica y lo que vamos a buscar es traer toda la información que repose allá de la contratación que se menciona acá al nivel central”, explicó.
La visita ocurre después de que la Procuraduría abriera una indagación previa para determinar posibles responsables por presuntas anomalías en los procesos contractuales del hospital.
Entre los hechos bajo revisión aparecen posibles contratos con terceros para bienes y servicios que la institución tendría disponibles, una eventual contratación que habría favorecido a familiares de autoridades departamentales y posibles falencias en la disposición de residuos peligrosos.
El organismo de control también indaga la situación relacionada con el pago de la nómina de los trabajadores del hospital, que, según la información conocida por la entidad, llevarían varios meses sin recibir sus salarios.
Como parte de las pruebas, la Procuraduría solicitó copias de los contratos suscritos para la prestación de bienes y servicios y un informe sobre los mecanismos disponibles para manejar los residuos peligrosos.
