Primera versión de ley de competencias genera expectativas y preocupaciones regionales

Gobierno socializa proyecto que define distribución territorial de funciones.
8 meses atrás

El Gobierno Nacional presentó la primera versión del proyecto de ley de competencias que desarrollará el Acto Legislativo 3 de 2024, generando expectativas, pero también inquietudes entre los mandatarios territoriales por las indefiniciones que contiene el texto.

El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Erasmo Zuleta Bechara, identificó tres problemas críticos en esta versión inicial. La categorización municipal y departamental quedó pendiente para desarrollo posterior, sin establecer criterios claros ni cronograma definido.

Aunque el proyecto enumera competencias para entidades territoriales y la Nación en sectores como salud, educación y agua potable, no especifica qué categoría de entidad territorial ejecutará cada función. Esta omisión genera incertidumbre sobre la distribución real de responsabilidades entre municipios, departamentos y el nivel nacional.

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Zuleta Bechara advirtió que el texto aparenta incorporar reformas como la de salud dentro de la ley de competencias, ampliando el debate más allá del alcance original del Acto Legislativo. Esta situación podría dispersar la discusión y alejarla del objetivo central de descentralización fiscal.

El mandatario territorial alertó sobre dos riesgos principales: que gobiernos futuros asignen o retiren competencias mediante decretos con criterios cambiantes, o que todas las entidades asuman responsabilidades sin obtener resultados concretos ni responsables específicos.

La ley desarrollará el incremento gradual de recursos del Sistema General de Participaciones hasta alcanzar el 39.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación en 12 años, partiendo del actual 27.9% proyectado para 2025.

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Zuleta celebró el avance en la presentación del proyecto, pero insistió en la necesidad de conectar directa e inequívocamente la categorización territorial con las competencias asignadas para garantizar una descentralización efectiva y exitosa.