El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Danilo Rojas, anunció tres decisiones para reducir los gastos de la entidad: recortar el 85 % de los contratos de prestación de servicios, disminuir los esquemas de protección y entregar en marzo de 2027 el edificio donde hoy funciona.
Según sus cifras, las medidas suman un ahorro cercano a 146.000 millones de pesos, de los cuales 37.000 millones y 26.000 millones serían anuales.
El recorte de contratos representa un ajuste de unos 83.000 millones de pesos. Rojas reconoció que ese vacío pone en “serio e inminente riesgo” la actividad misional de la entidad, por lo que será necesario reestructurar la planta de personal para suplir, en lo posible, el apoyo que se pierde.
“Pido comprensión a quienes se verán afectados por las medidas adoptadas”, dijo.
En materia de seguridad, la JEP reducirá los esquemas de protección de magistrados, fiscales y del secretario ejecutivo. Según el presidente, este último prescindirá del suyo.
También se variarán y reducirán los de víctimas, testigos y comparecientes, lo que generaría un ahorro aproximado de 37.000 millones de pesos al año. Dada la sensibilidad de esa decisión, Rojas anunció que pedirá de inmediato al Gobierno Nacional asumir esa responsabilidad, con base en las normas pertinentes.
La tercera medida es la entrega del edificio donde tienen su sede actual, en marzo de 2027. La entidad pasará de ocupar 15.000 metros cuadrados a 4.200, con una reducción de costos de unos 26.000 millones de pesos anuales.
Eso obliga, explicó el magistrado, a imponer el trabajo virtual como regla y a estructurar un modelo de trabajo rotativo. Rojas dijo que se hará lo propio con las oficinas y los enlaces territoriales, para lo cual buscará apoyo en universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, alcaldías, gobernaciones y organizaciones privadas.
