Nacional. En la sala plena de la Corte Constitucional, se ha iniciado el estudio de una ponencia que busca tumbar la ley de paz total promovida por el presidente Gustavo Petro.
La ley permite al Gobierno nacional entablar acercamientos de paz con organizaciones como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otros grupos narcotraficantes.
La demanda contra la ley de paz total, aprobada en el 2022 bajo la denominación de ley 2272, argumenta que se violó el trámite en el Congreso de la República, específicamente en cuanto a la consecutividad. Se alega que se omitieron algunos debates reglamentarios y que la ley no contó con la aprobación previa del Consejo de Política Criminal.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien es el ponente del caso, le solicitó a sus ocho colegas de la Corte Constitucional que declaren inconstitucional esta ley debido a los vicios de trámite mencionados.
La paz total es una iniciativa central en la agenda del Gobierno Petro para lograr acuerdos con diversos grupos criminales, a excepción del ELN, con quienes se mantienen conversaciones de paz.
En caso de que la ley de paz total sea anulada, el Gobierno deberá reiniciar el proceso en el Congreso de la República para su aprobación.
El próximo 11 de julio se reanudará el debate sobre la ley de paz total en la Corte Constitucional, tras una suspensión de términos debido a la salida de la magistrada Martha Sáchica Méndez, quien está en proceso de empalme con su sucesora en el cargo de secretaria general de la alta corte.
Los nueve magistrados de la Corte Constitucional, incluyendo al ponente Ibáñez, volverán en dos semanas para analizar los argumentos de la ponencia y decidir el futuro de esta ley, que es uno de los puntos clave en la agenda del Gobierno nacional.
Es importante recordar que la Procuraduría también había solicitado la anulación de esta ley en un concepto previo, argumentando que no se habían tenido en cuenta a las víctimas del conflicto armado en el país.
