Montería. Empezó a regir en todo el país la Ley de Garantías electorales, la cual establece una serie de condiciones para funcionarios públicos, de cara a las elecciones regionales del próximo mes de octubre.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), con la Ley de Garantías, se crea un marco para tratar de blindar los bienes de las administraciones locales, departamentales y nacionales, y evitar que estos se pongan al servicio de las campañas políticas.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, expresó que si algún funcionario público viola la ley de garantías “inmediatamente se verá obligados a enfrentar investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación”.
A su turno, el Procurador Alejandro Ordoñez, dijo desde Montería que aunque la Ley de Garantías no es el sistema más idóneo para evitar favorecimientos de terceros, esta puede ser más eficaz si se acompaña de una estricta veeduría ciudadana.
En ese sentido, la MOE advierte que infringir la Ley de Garantías Electorales, también es causal de apertura de procesos de carácter penal, donde la Fiscalía General de la Nación, tendría injerencia para actuar.
La Directora de la MOE, aclaró que no es cierto que se paralicen las administraciones, pues todos los contratos públicos que ya estén en curso pueden seguir de manera normal.
Adicionalmente, recordó que en las entidades estatales, ningún funcionario público podrá ser obligado a votar o apoyar a ningún candidato.
