La deforestación en Colombia mantiene una estrecha relación con los cultivos ilícitos, con el 47% de la pérdida de bosques ocurriendo en zonas de concentración de coca durante 2022-2023, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El estudio revela que las áreas con mayor densidad de cultivos de coca, que representan el 50% del territorio afectado por cultivos ilícitos, son también las más impactadas por la deforestación. Estas zonas de concentración albergan el 80% de los cultivos de coca del país, evidenciando una clara correlación entre la expansión de cultivos ilícitos y la destrucción de bosques.
El informe identifica que el 48% de los cultivos de coca se ubican en zonas de manejo especial: 4% en Parques Nacionales Naturales, 10% en Resguardos Indígenas, 14% en reservas forestales de ley segunda y 20% en Tierras de las Comunidades Negras, áreas que deberían estar protegidas de la deforestación.
La UNODC señala que en las zonas de concentración se ha establecido un modelo productivo de perfil industrial, que demanda mayor cantidad de tierra y recursos. Este modelo requiere la tala de bosques tanto para el establecimiento de cultivos como para la construcción de infraestructura asociada a la producción de cocaína.
En contraste, las zonas de desconcentración, que albergan solo el 4% de los cultivos de coca, registraron el 18% de la deforestación total durante el mismo período. Estas áreas se caracterizan por cultivos más dispersos y menos productivos.
El estudio destaca que la combinación de deforestación y cultivos ilícitos representa una amenaza significativa para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural de Colombia. La situación es particularmente crítica en departamentos como Cauca, donde la convergencia de actividades ilícitas ha intensificado la presión sobre los ecosistemas naturales.
La UNODC advierte que este fenómeno requiere una respuesta integral que combine estrategias de conservación ambiental con programas de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos ilícitos. El gobierno colombiano ha comprometido recursos para estos programas, pero el informe sugiere que se necesitan acciones más contundentes para frenar la pérdida de bosques asociada a los cultivos ilícitos.