El Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez ha generado controversia al ser identificado como uno de los promotores de una resolución emitida por la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, que permite la captura incidental de 15 especies de tiburones y rayas en Colombia.
Hasta este momento, estas especies se consideraban recursos hidrobiológicos, lo que requería medidas estrictas para su conservación. Sin embargo, con la nueva clasificación como “recursos pesqueros”, los pescadores no enfrentarán sanciones por la captura irregular de estas especies.
La medida ha sido justificada por el Gobierno como un esfuerzo para abordar la captura incidental de tiburones y rayas marinas en el país. El Ministerio de la Igualdad se unió a esta iniciativa en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).
Según un comunicado de la Aunap, la alianza entre estos ministerios busca mejorar la conservación y el manejo de los recursos, garantizando el derecho humano a la alimentación, las tradiciones y la soberanía del territorio. La explicación oficial señala que la medida responde a las manifestaciones de las comunidades costeras que buscan establecer un manejo sostenible de estos recursos sin afectar sus prácticas culturales.
Fuentes cercanas al proceso indican que el Ministerio de la Igualdad se vinculó a la medida considerando que algunas comunidades afro que dependen de la pesca están enfrentando situaciones de hambre.
La polémica radica en la participación de un ministerio tradicionalmente asociado a cuestiones de género y equidad en una decisión relacionada con la política pesquera. La medida ha generado críticas de grupos ambientalistas y defensores de la conservación marina, quienes argumentan que la clasificación como “recursos pesqueros” podría poner en riesgo la supervivencia de estas especies.
La Aunap destaca que la alianza permitirá reconocer prácticas tradicionales de pescadores, platoneras y ahumadoras de las zonas costeras, actividades consideradas claves para el derecho humano a la alimentación de las comunidades negras. La participación del Ministerio de la Igualdad en decisiones de política pública relacionadas con los océanos ha despertado debate y críticas sobre la dirección de su involucramiento en temas ambientales.
