Un choque institucional entre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Justicia tensionó este martes el proceso que se adelanta contra el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego por presunta financiación irregular de su campaña presidencial, luego de que la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez realizara una inspección a la Comisión pese a tener en curso una recusación formulada en su contra por el representante Alirio Uribe Muñoz.
Uribe Muñoz, quien hace parte del equipo de investigadores de la Comisión, presentó formalmente la recusación contra Lombana Velásquez con base en las causales previstas en el artículo 99 de la Ley 600 de 2000, argumentando que las circunstancias que rodean la actuación de la magistrada permiten cuestionar razonablemente su imparcialidad frente al proceso.
El documento señala que la conducta de Lombana Velásquez genera una duda seria y razonable sobre su neutralidad, en particular por la forma en que desplegó la actividad investigativa: la expansión no delimitada del objeto de la inspección, la afectación a terceros, la persistencia en escenarios de falta de competencia y la proyección sobre quienes ejercen funciones dentro del proceso.
Con base en esos elementos, Uribe Muñoz solicitó tres medidas: declarar fundada la recusación, disponer la separación de Lombana Velásquez del conocimiento de la actuación y ordenar la continuidad del trámite con la designación de un funcionario competente que garantice los principios de imparcialidad y debido proceso.
La inspección que realizó la magistrada buscaba evidenciar presuntas dilaciones en el proceso contra Petro dentro de la Comisión de Acusaciones, instancia constitucional encargada de investigar al presidente de la República. La recusación de Uribe Muñoz convierte ese movimiento en un nuevo frente de disputa entre los dos organismos judiciales.
