El expresidente Gustavo Petro hizo un llamado al movimiento mundial de derechos humanos para que impulse una campaña global que exija la salida de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de todas las personas que, según él, han sido incluidas por defender los derechos del pueblo palestino. En esa exigencia, el mandatario se incluyó a sí mismo.
A través de sus redes sociales, Petro aseguró que la lista OFAC dejó de ser un instrumento de lucha contra el narcotráfico y que hoy se usa para impedir que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sea juzgado como genocida.
Como sustento, afirmó que han sido sancionados 8 de los 17 magistrados de la Corte Penal Internacional, funcionarias de la ONU como Albanese y organizaciones que han defendido los derechos de los palestinos.
El exjefe de Estado sostuvo que él mismo fue incluido en la lista por ser el primer presidente en denunciar el genocidio en Gaza, y señaló que recientemente fue sancionada Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, el 18 de agosto de 2026.
Petro la describió como una brillante jurista japonesa y calificó la medida como una arbitrariedad del gobierno estadounidense contra ella y contra Japón.
Para el exmandatario, la lista OFAC pierde así cualquier legitimidad mundial y no debe ser acatada por ningún país ni por sus ciudadanos. También cuestionó que empresas de aviación impidan el libre tránsito de personas afectadas por las sanciones de Estados Unidos solo por haber defendido el derecho del pueblo palestino a ser libre y soberano.
Petro fue más allá y calificó la lista como un mecanismo de persecución contra grupos poblacionales civiles con identidad política, lo que, a su juicio, constituye un delito de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Por ello, pidió que los responsables de esa persecución sean procesados ante la Corte Penal Internacional.
En el mismo pronunciamiento, el expresidente se refirió a la reciente decisión de la OFAC de retirar de la lista a decenas de colombianos que habían estado vinculados al narcotráfico. Al respecto, consideró que se trata de una política justa y propia de la soberanía de Estados Unidos, siempre que esas personas realmente se hayan separado del narcotráfico.
