El presidente Gustavo Petro firmó este viernes en Cereté, Córdoba, la ley estatutaria de Jurisdicción Agraria y Rural, una norma pendiente desde 2023 que activa los primeros tribunales y jueces especializados en conflictos de tierras del país.
El acto se realizó durante la entrega de 3.000 hectáreas a comunidades campesinas del Bajo Sinú, en un municipio al que el mandatario describió como entrañable por sus raíces familiares.
La ley crea una Sala Civil, Agraria y Rural en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado, además de tribunales regionales y jueces especializados. Su efecto más concreto es reducir los tiempos procesales: los conflictos que hoy tardan hasta diez años ante la justicia ordinaria podrán resolverse en tres o cuatro meses.
También garantiza defensa técnica gratuita para campesinos y comunidades étnicas sin recursos. “Que sean los jueces, que sea la justicia que rápidamente dirima el conflicto de cercas, el límite; que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso”, dijo Petro al momento de la firma.
Sin embargo, la norma no llega sin cuestionamientos. El Instituto de Ciencia Política advirtió al Congreso sobre graves riesgos institucionales y de seguridad jurídica, señalando que la ley restringe el control judicial automático en procesos agrarios como la recuperación de baldíos y la caducidad administrativa, poniendo en riesgo las garantías procesales y la independencia judicial.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras afirmó que la norma pone en riesgo el derecho a la propiedad privada al desconocer derechos adquiridos y dejar sin herramientas eficaces de protección a los propietarios.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, advirtió que cualquier ciudadano con relación con la ruralidad queda en manos de un funcionario de gobierno investigando y decidiendo de fondo, y preguntó quién querría invertir en el campo si la ley queda así.
El Gobierno rechazó esas lecturas y defiende que la ley tiene como finalidad proteger la propiedad rural y no contiene ningún elemento implícito ni explícito relacionado con la expropiación. La norma entra en vigor desde el día de su firma en Cereté.
