El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes cuestionamientos contra varios gremios empresariales que solicitaron a la Corte Constitucional revisar con urgencia el decreto de emergencia económica que prepara su Gobierno. A través de pronunciamientos públicos, el mandatario planteó una serie de preguntas dirigidas a los líderes gremiales, al considerar que su oposición a la medida responde a intereses particulares y no al interés general.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la declaratoria de emergencia es una herramienta necesaria para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país, situación que, según el Gobierno, se agravó tras el archivo de la ley de financiamiento en el Congreso. Dicho proyecto buscaba un recaudo de 16,3 billones de pesos para cubrir el faltante del Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a 546,9 billones de pesos.
Los gremios empresariales han argumentado que no existen fundamentos constitucionales suficientes para decretar la emergencia económica y, por esa razón, pidieron al alto tribunal que evalúe su legalidad. Entre las voces que lideraron esta solicitud está la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, quien incluso propuso que la Corte sesione de manera extraordinaria para priorizar el análisis del decreto.
La respuesta del presidente fue directa. Petro cuestionó que los gremios pidan una intervención inmediata de la Corte para evitar la emergencia económica, pero no hayan mostrado la misma urgencia frente a otras reformas impulsadas por su administración. En ese sentido, sugirió que se estaría buscando proteger a sectores de altos ingresos de una mayor carga tributaria.
El jefe de Estado también defendió el destino de los recursos que se esperan recaudar con la emergencia. Como ejemplo, mencionó la necesidad de invertir alrededor de 1,6 billones de pesos en equipos antidrones para fortalecer la seguridad nacional, y planteó interrogantes sobre la disposición de los sectores empresariales a contribuir en ese esfuerzo. Para Petro, la seguridad no debe recaer únicamente sobre los sectores más vulnerables y hace parte de un pacto social más amplio.
Las declaraciones del mandatario generaron reacciones políticas. Desde sectores de oposición se responsabilizó al Gobierno por la situación económica actual, señalando un manejo fiscal sin control y cuestionando que se pretenda recurrir a la Corte Constitucional luego de que el Congreso negara la reforma tributaria.
Además de la Cámara de Comercio Colombo Americana, otros gremios como la Andi y Fenalco también solicitaron la revisión del decreto, en medio de un debate que sigue intensificándose entre el Gobierno, los empresarios y la oposición política.
