El presidente Gustavo Petro convocó al pueblo trabajador de Colombia a una movilización general el próximo 1º de Mayo, luego de que la Sección Segunda del Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el traslado de 25 billones de pesos que el Gobierno ordenó desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
En un mensaje en redes sociales, el mandatario acusó al alto tribunal de “vetarle” el traslado a los ahorradores y de permitir que “los banqueros roben los ahorros de los trabajadores”. Petro aprovechó el momento para enlazar la convocatoria con su proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, “Un primero de Mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente”, escribió.
El detonante de la reacción presidencial fue la desición judicial del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien le dio trámite de urgencia a la primera demanda que prosperó contra el Decreto 415 de 2026 y adoptó la medida cautelar de suspensión incluso antes del trámite ordinario que otorga cinco días a la parte demandada para pronunciarse.
El Consejo de Estado concluyó que el Gobierno excedió sus facultades de reglamentación de la reforma pensional al ordenar el traslado masivo de recursos. El punto más crítico identificado en la resolución de 21 páginas es que el Decreto 415 incluyó en el traslado a afiliados que aún no han consolidado su derecho a pensión unos 97.160 personas, cuando la norma solo permitía mover recursos de quienes ya estaban jubilados. Esa ampliación fue calificada como una extralimitación.
La decisión judicial también advirtió que los efectos del decreto podrían ser irreversibles desde el punto de vista financiero, en relación con el derecho a la seguridad social en pensiones.
El proceso es de única instancia. Los ministerios de Hacienda y de Trabajo, la Procuraduría General y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tienen 30 días para responder, y el Gobierno deberá presentar el expediente administrativo que explique cómo construyó el decreto.
El fallo se produce mientras la Corte Constitucional mantiene suspendida la Ley 2381, reforma pensional y aún no define su constitucionalidad, sin un plazo claro para hacerlo.
