ANDI pide a la Corte tumbar el decreto de emergencia económica por la crisis invernal en Córdoba

El gremio empresarial más grande del país argumenta que el Gobierno tenía herramientas ordinarias para atender la emergencia sin necesidad de declarar un estado de excepción.
5 días atrás
Foto: Redes Sociales.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, dio un paso formal ante la Corte Constitucional para pedir que declare inexequible el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional por la crisis invernal que afectó a Córdoba.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, firmó la intervención ante el magistrado Miguel Polo Rosero, ponente del expediente RE0000390, y planteó seis argumentos para sostener que el decreto no cumple los requisitos constitucionales que exige la Carta Política para declarar un estado de excepción.

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El primer argumento del gremio apunta a que los hechos que motivaron la declaratoria no alcanzan la gravedad ni la magnitud que la Constitución exige para justificar medidas de excepción. Para la ANDI, la crisis invernal en Córdoba, aunque severa, no constituía una situación que el Gobierno no pudiera atender con los mecanismos ordinarios que ya tenía a su disposición.

En segundo cuestionamiento, el gremio sostiene que el Gobierno Petro ha utilizado de manera recurrente los estados de emergencia como instrumento para actuar por fuera de los canales democráticos establecidos en los artículos 1, 214 y 215 de la Constitución de 1991. En su criterio, esa práctica erosiona el principio democrático que sustenta el orden institucional colombiano.

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La ANDI también argumenta que el decreto no supera el llamado juicio valorativo, es decir, que las medidas adoptadas no guardan una relación directa y proporcional con la emergencia declarada. Por eso, el gremio le solicita a la Corte que, si declara la inexequibilidad, lo haga con efectos retroactivos.

El proceso de revisión está en manos de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto en los próximos meses.