La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que el terreno invadido por cerca de 4.000 familias en la Hacienda Santa Elena, ubicada en Caucasia, Antioquia, no puede ser negociado ni utilizado para proyectos sociales debido a su estatus jurídico. Esta declaración se produce a pesar de la promesa del presidente Gustavo Petro de buscar predios de la entidad y haciendas con tierra fértil para ejecutar proyectos de vivienda en ese municipio con recursos del Gobierno nacional.
Las familias que ocupan irregularmente las 120 mil hectáreas del predio celebraron con caravanas y banderas de Colombia el anuncio del mandatario el pasado 11 de abril, cuando instó al alcalde de la localidad a identificar terrenos aptos para dar soluciones de vivienda. Sin embargo, la alegría fue efímera tras la aclaración de la SAE.
Mauricio Urquijo, director regional de la SAE Occidente, explicó que por orden judicial no es posible realizar ningún tipo de negociación o proyecto de carácter social en el predio Santa Elena. En su lugar, hizo un llamado a la comunidad para establecer un diálogo con las instituciones públicas y la SAE con el fin de buscar alternativas.
Durante una reunión entre la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía y un representante de la SAE, se evidenció la posición de la comunidad de no abandonar el sitio hasta que sean reubicados. El presidente Petro había propuesto al mandatario local identificar un terreno apto para construir casas con el apoyo del Gobierno Nacional, con el objetivo de resolver el déficit de vivienda en la zona del Bajo Cauca antioqueño, que según el alcalde es de 3.300 viviendas nuevas y más de 6.000 soluciones de mejoramiento.
