La candidata presidencial Paloma Valencia solicitó al Ministerio de Defensa Nacional rendir cuentas sobre los 195.375 millones de pesos que la cartera giró de manera anticipada al contratista Canadian Commercial Corporation (CCC) en el marco del (Proyecto Fortaleza), recursos que se habrían desembolsado sin que mediara construcción alguna en terreno.
Valencia sostiene que el contrato se modificó durante el paso de Iván Velásquez por el Ministerio de Defensa, mediante una enmienda al Acuerdo Gobierno a Gobierno suscrito con la corporación canadiense. El documento ordenó que los dineros fueran transferidos a una cuenta ubicada en Canadá designada por CCC, con plazo máximo del 31 de diciembre de 2022.
Tres años y medio después de la firma, la candidata afirma que el proyecto nunca arrancó, el contrato terminó de manera unilateral y los recursos públicos no regresaron a las arcas del Estado colombiano. La denuncia ubica al exministro Velásquez en el centro del debate sobre el manejo de acuerdos gobierno a gobierno durante la administración del presidente Gustavo Petro.
El documento aportado por la candidata Valencia detalla que Ana María Garzón Botero, secretaria general del Ministerio de Defensa, suscribió la enmienda en representación del MDN, mientras que Robert Kwon firmó como presidente de CCC. La modificación se amparó en la Cláusula 44 de la Resolución 4223 de 2022 y en la Resolución de Delegación 4519 de 2016.
Según el texto contractual, una fiducia recibió los recursos y los canalizó hacia la cuenta canadiense del contratista. La estructura financiera permitía además que CCC transfiriera parte de los dineros a su proveedor principal, a sus filiales y a sucursales con presencia en Colombia, previa aprobación del supervisor mediante un Certificado de Pago.
Valencia pidió claridad sobre el destino final de los dineros comprometidos. El caso suma un nuevo capítulo a las controversias que rodean la contratación pública en el sector defensa.
