La Fundación Córdoberxia, junto con organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales de Córdoba, expresó su rechazo a la implementación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del Clan del Golfo en el municipio de Tierralta y pidió al Gobierno Nacional detener el proceso mientras se esclarecen las denuncias relacionadas con la negociación.
El pronunciamiento, divulgado mediante un comunicado público fechado el 25 de junio, sostiene que la ZUT, establecida mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, genera preocupaciones por las condiciones en las que fue concertada y por la ausencia de participación de las comunidades del territorio en las decisiones.
Las organizaciones indicaron que las revelaciones conocidas sobre las conversaciones entre el Gobierno Nacional y la estructura armada motivan su solicitud de suspender la implementación de la medida.
Según el documento, esas denuncias plantean interrogantes sobre la transparencia del proceso y sobre las garantías para los habitantes de Tierralta y del departamento de Córdoba.
El comunicado también cuestiona el impacto que tendría la zona de ubicación sobre la institucionalidad local. Los firmantes consideran que concentrar integrantes del grupo armado en una parte del territorio podría afectar el ejercicio de las autoridades civiles y favorecer el control de áreas rurales por parte de esa organización ilegal.
Otro de los reparos expuestos hace referencia a los mecanismos de seguimiento previstos para la ZUT.
Las organizaciones sostienen que la ausencia de esquemas de verificación con participación comunitaria podría facilitar la continuidad de actividades ilícitas y generar riesgos para la población de la zona.
Como parte de sus solicitudes, pidieron al Gobierno Nacional suspender la implementación de la ZUT hasta que concluyan las verificaciones sobre las denuncias conocidas públicamente.
Además, solicitaron a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) divulgar los compromisos adquiridos y abrir espacios de diálogo con las organizaciones sociales del departamento.
El comunicado también incluye un llamado a la comunidad internacional para ejercer veeduría sobre el desarrollo del proceso y velar por las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas.
