La llegada de los primeros 400 integrantes del Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Tierralta, sur de Córdoba, arranca este jueves en cumplimiento del acuerdo suscrito el 24 de abril entre representantes del Gobierno Nacional y delegados de esa organización armada, en el marco de los diálogos adelantados en Doha, Catar.
El inicio de la concentración ocurre en un escenario de interrogantes sin resolver. Las coordenadas exactas de los campamentos, la extensión de las áreas delimitadas, las restricciones de movilidad para los combatientes y los protocolos de seguridad para las comunidades aledañas permanecen sin divulgación oficial, lo que genera preocupación en sectores sociales, políticos e institucionales de la región.
El asesor jurídico del EGC, Ricardo Giraldo, precisó en declaraciones a medios nacionales que el número real de combatientes que ingresaría a las dos ZUT Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, asciende a 500, cifra superior a los 400 anunciados por el Ejecutivo.
Giraldo describió el proceso como “un programa piloto de qué tiene el Estado de oferta institucional para los combatientes y para las comunidades donde ellos tienen presencia”.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, ha condicionado públicamente su respaldo a que las instituciones mantengan pleno control del territorio y que la población rural cuente con garantías de seguridad verificables.
La Defensoría del Pueblo también advirtió que no existen condiciones suficientes para la concentración mientras persistan hostilidades contra civiles.
El proceso enfrenta, además, un vacío jurídico debido a que no hay un marco legal vigente que autorice la desmovilización colectiva de grupos armados no políticos.
A eso se suma que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, ha anunciado que pondrá fin a estos diálogos al asumir el poder, lo que proyecta incertidumbre sobre el futuro de la ZUT más allá del 7 de agosto.
