La Defensoría del Pueblo identificó este martes ocho municipios cordobeses con alertas urgentes y prioritarias en su mapa de riesgo electoral para los comicios de 2026, debido a la potencial interferencia de organizaciones criminales en el proceso democrático.
El organismo clasificó como urgentes cuatro territorios: Ayapel, La Apartada, San José de Uré y Tierralta. Otros cuatro recibieron categoría prioritaria: Ciénaga de Oro, Montelíbano, Montería y Puerto Libertador. Adicionalmente, 21 localidades permanecen bajo observación constante.
Córdoba forma parte de la macrorregión Noroccidente junto con Antioquia y Chocó, que comprende 178 municipios. De este total, 10 requieren acción inmediata (5.6%), 38 demandan respuesta urgente (21.3%) y 64 necesitan atención prioritaria (36%).
La entidad defensorial advirtió sobre la probable intervención del Ejército Gaitanista de Colombia y otras estructuras del crimen organizado que buscan controlar el desarrollo electoral.
“Cada región del país demanda una respuesta distinta, no existe una receta única. La acción debe ser diferenciada, oportuna y proporcional”, subrayó el informe institucional.
El documento enfatiza la responsabilidad del Gobierno Nacional y las autoridades competentes para evitar que las gobernanzas armadas ilegales capturen la voluntad popular y manipulen las campañas electorales venideras.
Los municipios bajo observación permanente son: Buenavista, Canalete, Cereté, Chimá, Chinú, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Purísima de la Concepción, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo y Tuchín.
La Defensoría continuará monitoreando la situación en estas zonas para garantizar transparencia y seguridad durante el periodo preelectoral y las jornadas de votación programadas para 2026.
