Una acción judicial radicada ante el Consejo de Estado busca la destitución de nueve parlamentarios por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Pablo Bustos, actuando como apoderado de la Red de Veedurías, presentó la demanda contra los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo. También incluye a los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
El documento judicial acusa a los legisladores de violar las normas de incompatibilidades y traficar con su influencia política. Bustos argumenta que los congresistas habrían pactado su respaldo a proyectos del Gobierno Nacional a cambio de adjudicaciones contractuales y puestos administrativos en la UNGRD.
Según la demanda, los parlamentarios habrían obtenido estas prebendas burocráticas tras votar favorablemente reformas legislativas claves y aprobar créditos para el Estado.
La acusación se apoya en las declaraciones que Olmedo López y Sneyder Pinilla rindieron ante la Fiscalía General. Los exdirectivos de la UNGRD revelaron supuestos arreglos ilícitos mediante los cuales se asignaron contratos millonarios en distintas zonas del país.
El texto legal advierte que varios de los acusados ya están bajo investigación en la Corte Suprema de Justicia por posibles delitos de cohecho impropio. Algunas pesquisas han avanzado gracias a acuerdos anticipados y beneficios procesales que firmaron antiguos empleados del Ejecutivo.
Ahora corresponde al Consejo de Estado decidir si acepta tramitar esta demanda. De resultar exitosa, implicaría la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos de los nueve congresistas cuestionados.
