La Defensoría del Pueblo destacó la sanción de la Ley 2590 de 2026, que modifica las penas de los delitos de reclutamiento ilícito y uso de menores de edad para la comisión de delitos, y advirtió que su verdadero impacto dependerá de la capacidad del Estado para reglamentarla, financiarla e implementarla oportunamente.
La norma fortalece las medidas de prevención e incorpora nuevas acciones para robustecer la respuesta institucional. Además, establece que cuando la Defensoría identifique escenarios de riesgo, los programas de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (Ciprunna) deberán priorizar obligatoriamente los territorios señalados.
La entidad pidió a la administración que asumirá el 7 de agosto priorizar las medidas previstas en la ley: la elaboración del documento Conpes y la actualización de la línea de política pública dentro del año siguiente a su vigencia; la creación del Equipo Nacional de Acción Inmediata para responder a riesgos inminentes; y la implementación del Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores de edad.
También reclamó la adopción del protocolo para la prevención y bloqueo de contenidos digitales asociados al reclutamiento, ante el uso de redes sociales por parte de grupos armados; una estrategia preventiva de protección de la niñez; y un plan de fortalecimiento de infraestructura escolar y planta docente, a cargo del Ministerio de Educación, priorizando los municipios en riesgo.
La Defensoría insistió en que la protección efectiva exige presencia integral del Estado en los territorios y anunció que continuará el monitoreo de riesgos, la emisión de Alertas Tempranas y la incidencia ante las autoridades, para que la ley se traduzca en medidas efectivas en todo el país.
