Suministraban carne de burros en una cárcel y batallón del Ejército

El producto, presuntamente, era tratado con químicos para modificar la contextura, intentar hacerlo más blando y darle un color rojizo.


Redacción. Luego de detectar que carne de caballo y de burro habría sido distribuida a algunos operadores del Plan Alimentación Escolar (PAE) en Santander, la Fiscalía puso en marcha una nueva fase investigativa.

Las indagaciones permitieron identificar a cuatro personas señaladas de realizar la misma actividad ilegal con entidades públicas, como un batallón y la cárcel Modelo; así como plazas de mercado y comercio informal en Bucaramanga.

Los presuntos involucrados en esta conducta ilícita fueron identificados como: Enrique Cadena Rojas, alias Mala Vida o El Viejo; Diego Armando Solano Cadena, Édison Cliebbords Villamizar Mendoza y Mario Alvarado Trujillo. Estos hombres, supuestamente, compraban equinos y asnos enfermos o muertos en diferentes puntos de la Costa Atlántica, y con guías de movilización falsas o alteradas los transportaban a un matadero clandestino en el sector La Feria, en Bucaramanga.

Lea también  Colombia alcanzó nuevo récord de vacunación diario, más de 550 mil dosis inoculadas

Al parecer, en este lugar sacrificaban los animales en condiciones de salubridad precarias y los residuos sólidos y líquidos eran arrojados indiscriminadamente a un Distrito Regional de Manejo Integrado, una zona protegida y de reserva ambiental. En varias diligencias en el área fueron encontrados esqueletos y vísceras; además, se constató el grave e irreversible daño ocasionado al suelo, la vegetación y la fauna.

Se determinó que el producto, presuntamente, era tratado con químicos para modificar la contextura, intentar hacerlo más blando y darle un color rojizo. Luego, lo empacaban y distribuían como si fuera de res.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de: concierto para delinquir, daño a los recursos naturales agravado y corrupción de alimentos. Los cargos fueron aceptados por los procesados. En ese sentido, la juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

Lea también  Más de 27 millones de vacunas han sido aplicadas en el país


Join the Conversation

Join the Conversation