En una reciente declaración, los abogados defensores de Olmedo López y Sneyder Pinilla han expresado su rechazo a la petición del presidente Gustavo Petro a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Petro solicitó que no se brinden beneficios jurídicos a los implicados en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hasta que no se devuelvan los dineros públicos robados.
El presidente enfatizó en la necesidad de que los fondos públicos sean restituidos antes de considerar cualquier beneficio legal para los acusados: “Decenas de miles deben ser devueltos. No puede haber beneficios jurídicos sin la devolución del dinero público, el dinero de todas y de todos”, declaró Petro durante la posesión del nuevo comandante del Ejército.
Ante estas declaraciones, Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, respondió afirmando que su cliente está dispuesto a devolver los fondos y reparar económicamente los daños causados. “Sneyder Pinilla, a nombre propio, regresará todo el dinero apropiado y reparará económicamente, confesará y demostrará con pruebas la manera en que se habrían entregado sobornos a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes”, aseguró Moreno.
Sin embargo, Moreno advirtió que las declaraciones del presidente podrían afectar la independencia judicial. “Es delicado que un jefe de Estado se pronuncie sobre temas relacionados con su gobierno; esto puede afectar la independencia judicial”, señaló el abogado en una entrevista con SEMANA.
José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, también criticó la intervención del presidente. “Es importante mantener la independencia de poderes en un Estado social de derecho, esto permitirá que las garantías del procesado se mantengan y que las investigaciones penales no se conviertan en juicios políticos”, afirmó.
Ambos abogados destacaron que las reglas del procedimiento penal están claras y deben ser respetadas, sin influencias externas del Ejecutivo. Gustavo Moreno subrayó que el principio de oportunidad ya está regulado por la ley y los jueces de control de garantías, y que cualquier intento de modificar estos procedimientos sería inaceptable.
La defensa de Sneyder Pinilla también mencionó que su cliente ha estado dispuesto desde el principio a cooperar con la justicia y devolver los dineros, y que la intervención del presidente Petro no cambia las obligaciones legales existentes.
Ramiro Bejarano, otro destacado abogado, coincidió con los defensores de López y Pinilla, criticando la intervención de Petro: “Una democracia se caracteriza porque el Poder Ejecutivo no interfiera en la justicia”, manifestó.
