Órdenes de Prestación de Servicios serán analizadas por firma contratada por Presidencia

El contrato que firmó Presidencia de la República con la oficina del exministro Enrique Gil Botero, tiene un valor cercano a los $120 millones.


Nación. En las últimas horas se conoció que el contrato de asesoría que firmó la Presidencia de la República con la oficina del exministro y exconsejero de Estado, Enrique Gil Botero, no solo tiene por objetivo examinar posibles cambios en la primera línea del Metro de Bogotá, sino también que se analice el tema de formalización laboral y de las circulares que han señalado que las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) no se pueden firmar por más de cuatro meses, salvo algunas excepciones.

Dentro del alcance del contrato se le pide a la asesoría que se establezca la diferencia entre los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, como también si es factible que se celebre más de uno de estos contratos.

Lea también  Defensoría: reforma a la salud debe recoger opiniones de todos los actores del sistema

También se logró establecer que dentro de la justificación con la firma asesora se expresan los problemas que pudieron causar las circulares de Función Pública y de la propia Presidencia en el avance hacia la formalización laboral.

“Este instrumento normativo ha generado en las entidades algunas inquietudes sobre si definitivamente existe una prohibición de que una misma persona natural pueda celebrar más de un contrato de prestación de servicios, sea para la prestación de servicios profesionales o para servicios de apoyo a la gestión, por lo que se requiere de un análisis, diagnóstico y conclusiones de parte de una oficina altamente especializada”, argumenta el documento.

Lea también  En video: colegio despidió a profesor que a gritos le exigió respeto a un estudiante

De igual forma, advierte que el 29 de diciembre de 2022, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública emitieron una circular conjunta, mediante la cual se establecen algunos lineamientos de política pública sobre el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad para la vigencia 2023 en la que se indicó, entre otras cosas, que los contratos de prestación de servicios para este año no podrían tener un plazo de ejecución mayor de cuatro meses, tiempo que las entidades consideran suficiente para crear sus plantas temporales.