El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, ha generado una tormenta política luego de afirmar que él es el jefe directo del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
Esta declaración ha causado gran controversia en la opinión pública y ha generado un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, la cual afirmó que el fiscal no tiene superior jerárquico y que desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho genera incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional.
Ante esta situación, la Corte Constitucional advirtió que es necesario respetar la separación de poderes y la autonomía de la Rama Judicial contemplada en la Carta Política.
El presidente Petro, por su parte, aseguró que no ha faltado a la Constitución al afirmar que él es el jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa, según lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional.
En respuesta al pronunciamiento del alto tribunal, el mandatario indicó que no ha faltado a su palabra ni a la Constitución en su respuesta al fiscal, quien a su vez lo irrespetó como jefe del Estado.
La situación ha generado inquietud y ha puesto de manifiesto la necesidad de respetar la división entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para garantizar la armonía en el funcionamiento de las instituciones públicas del país.
