La Procuraduría General ha expresado su posición respecto a la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Aunque su caso fue admitido completamente en la JEP a mediados de marzo pasado, la Procuraduría considera que su llegada debe aclararse y respetar a las víctimas del sistema de Justicia y Paz, creado para reparar a quienes sufrieron el paramilitarismo en Colombia.
Según la Procuraduría, el sometimiento completo de Mancuso en la JEP, incluyendo la decisión sobre su libertad en Colombia, genera incertidumbre entre sus víctimas.
Además, se señala que la JEP no habría tenido en cuenta una sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla que dispuso reparaciones económicas a 137 víctimas.
La Procuraduría esperaba que estas víctimas fueran mencionadas en el documento oficial de la JEP que aceptó a Mancuso en la jurisdicción.
La entidad también destaca que la figura en la que Mancuso es aceptado es sumamente particular, ya que se le reconoce como compareciente forzado a declarar, siendo una figura inédita en la JEP. Esto se refiere a su papel como “bisagra” o punto de conexión entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado.
En cuanto a los procesos judiciales de Mancuso, el Tribunal Superior de Bogotá no acató el poder preferente de la JEP y decidió dejarlo en libertad para que cumpla funciones de gestor de paz asignadas por el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, debido a la decisión previa del Tribunal Superior de Barranquilla, se ha solicitado a la Corte Constitucional que defina la libertad del exjefe de las Autodefensas.
