La Procuraduría General de la Nación ha emitido una alerta al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese del fuego bilateral con el ELN, con el fin de proteger a más de 27.000 personas en el departamento de Chocó que se encuentran en riesgo de confinamiento debido al paro armado decretado por este grupo guerrillero.
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, enfatizó que este paro armado no es compatible con la reciente prórroga del cese al fuego bilateral nacional y temporal acordado entre el gobierno nacional y el ELN. Esta medida afecta gravemente a las comunidades locales, dejándolas atrapadas en medio de la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo.
Ante esta situación, se hace un llamado urgente al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y a la jefa de la Mesa de Negociación con el ELN, Vera Grabe, para que tomen medidas inmediatas para proteger los derechos humanos de la población en riesgo. Es fundamental garantizar la seguridad y el bienestar de estas comunidades frente a la amenaza del paro armado y evitar así el confinamiento forzado de miles de personas.
