El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, declaró que en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira encontraron que el 16% de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26% no tiene un lugar de almacenamiento, el 15% carece de comedor y el 22% no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.
En ese sentido, adelantarán un Protocolo Defensorial para hacerle un seguimiento sistemático al programa, con testimonios entregados por niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, sostuvo el defensor del Pueblo.
En las instituciones educativas de Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira, observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos.
Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.
“De manera especial, hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, agregó Camargo.