En un comunicado emitido este jueves, el Gobierno anunció la revocatoria de las resoluciones expedidas por el ex Secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, las cuales adjudicaron el contrato de pasaportes a la empresa Thomas Greg.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, estas resoluciones fueron emitidas “por fuera de todo marco legal” y su revocatoria busca garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa.
Tanto la Cancillería como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes para que se investigue la presunta comisión de delitos asociados a la expedición de estos actos administrativos. El contrato adjudicado a Thomas Greg tenía un valor cercano a los $600 mil millones.
A pesar de la decisión sobre el contrato, la Cancillería aseguró que el servicio de expedición de pasaportes en Colombia y en el exterior está garantizado. La empresa que actualmente atiende el servicio ha reiterado por escrito que cumplirá el contrato 356 hasta su finalización el 2 de octubre de 2024, sin contratiempos.
La decisión del Gobierno de revocar la adjudicación del contrato a Thomas Greg se produce en medio de cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso.
Los ciudadanos colombianos pueden estar tranquilos respecto a la continuidad en la expedición de pasaportes, ya que el servicio seguirá operando con normalidad a través de la empresa que actualmente lo presta, dijo la Cancillería.
