La Fiscalía General de la Nación está recopilando evidencia y realizando pruebas con el objetivo de formular las primeras imputaciones de cargos en la investigación por presuntas irregularidades en un contrato millonario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para la compra de carrotanques destinados a transportar agua a La Guajira.
Según informes de la Fiscalía, las labores están siendo coordinadas por una fiscal adscrita a la dirección especializada contra la corrupción y un equipo de peritos expertos en contratación pública. Los investigadores están llevando a cabo los actos investigativos necesarios para establecer posibles irregularidades en el contrato en cuestión.
Las pruebas recolectadas hasta el momento por los peritos y sometidas a valoración por la Fiscalía apuntan a la posible comisión de delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal. Sin embargo, los investigadores aún no han encontrado elementos de prueba que sugieran la comisión de peculados por apropiación.
En el marco de estas investigaciones, se han realizado una serie de interrogatorios a diferentes personas involucradas en el caso con el fin de verificar sus actuaciones y determinar posibles responsabilidades de carácter penal. La Fiscalía especializada contra la corrupción, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), está a cargo de este proceso.
El caso ha generado gran atención mediática y ha tenido repercusiones políticas. A raíz del escándalo, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, renunció a su cargo y fue reemplazado por Carlos Carrillo. López ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra Carrillo por presuntas afirmaciones difamatorias que afectan su reputación.
Por su parte, Carrillo ha declarado que no está instruyendo ningún tipo de caso y que deja la continuidad de las investigaciones en manos de la Fiscalía, enfatizando que su papel no es el de fiscal, procurador o contralor.
La investigación sigue en curso, y se espera que la Fiscalía continúe recopilando evidencia y realizando las pruebas necesarias para esclarecer las presuntas irregularidades en el contrato de la UNGRD y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
