Las acusaciones se centran en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, vinculados a presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico en la región Caribe.
El juez segundo especializado de Barranquilla programó las diligencias para el 11 y 12 de enero de 2024, marcando el inicio del llamado a juicio de Petro Burgos.
Esta decisión surge tras la negación por parte de la Corte Suprema de Justicia de trasladar el proceso a un juez en Bogotá, como solicitó la defensa de Nicolás Petro.
La defensa impugnó la competencia del juez barranquillero, argumentando que el caso debería ser conocido por un togado de la capital. Sebastián García, abogado de Petro Burgos, basó su solicitud en la territorialidad de los hechos investigados, mayormente ocurridos en Bogotá.
A pesar de la oposición de la Fiscalía, el juez determinó que la Corte Suprema debía pronunciarse. Recientemente, la Corte ratificó que el proceso debe llevarse a cabo en la capital del departamento del Atlántico.
El juez advirtió a la defensa sobre la lealtad procesal, instándolos a evitar dilaciones o demoras. Además, señaló que en caso de que la Corte devuelva el proceso por competencia, se iniciarán acciones disciplinarias contra el abogado Sebastián García Rincón.
