El conglomerado internacional Keralty, propietario de la EPS Sanitas, ha iniciado una disputa legal tras la intervención del Gobierno de Gustavo Petro en sus operaciones. En una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el abogado Juan David Riveros, representante de Keralty, reveló que la demanda incluye acusaciones graves como el prevaricato por parte del superintendente de salud, Luis Carlos Leal.
Riveros detalló que la serie de acciones legales no solo se circunscribe a lo penal, sino que también abarca una recusación contra el Superintendente, argumentando un claro sesgo contra las EPS, evidenciado por publicaciones previas en redes sociales.
“Es crucial que en un cargo con responsabilidades tan significativas como la inspección, control y vigilancia, la objetividad y la imparcialidad sean la norma. No es el caso aquí”, señaló el abogado.
Además, Riveros mencionó que están contemplando llevar sus preocupaciones a instancias internacionales, dada la magnitud del impacto de esta intervención no solo en la empresa, sino también en el derecho fundamental a la salud.
“Es una Expropiación”
Según Riveros, el caso puede considerarse una expropiación indirecta, con efectos similares en términos de impacto y consecuencias para la empresa. Esta acción gubernamental podría ser vista como parte de una serie de medidas que buscan asfixiar financieramente a la EPS, algo conocido en derecho administrativo como desviación de poder.
Además, Riveros destacó la suspensión de la asamblea de accionistas, quitándoles los derechos de propiedad que se desprenden de sus acciones. Este acto, según el abogado, no tiene precedentes ni está previsto en la normativa aplicable, lo cual refuerza la percepción de una expropiación indirecta.
Del Plano Nacional al Internacional
La estrategia legal de Keralty no se limitará al escenario nacional. Se están preparando demandas bajo tratados de protección de inversión extranjera, lo cual podría incluir procedimientos ante tribunales internacionales de arbitraje.
“Esto no es solo una cuestión de recuperar la administración, sino de asegurar que los derechos de nuestros inversores no sean pisoteados”, explicó Riveros.
La Denuncia por Prevaricato
La gravedad de la denuncia penal radica en la acusación de que el acto administrativo que justificó la intervención de Sanitas fue ilegal. “Identificamos una falsa motivación y una desviación de poder en la acción del superintendente, lo que nos lleva a considerar seriamente la vía penal como parte de nuestra defensa integral”, sostuvo Riveros. Además, la suspensión de la asamblea de accionistas también fue destacada como un acto sin precedentes y posiblemente ilegal.
