La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) emitió un enérgico pronunciamiento ante las recientes amenazas y ataques perpetrados por grupos al margen de la ley contra compañías dedicadas al transporte de hidrocarburos a través del río Magdalena.
“Estas acciones criminales no solo ponen en grave peligro a los trabajadores de dichas firmas energéticas, sino también a poblaciones ribereñas, configurando una flagrante violación de derechos humanos”, dijo la ACP.
El gremio recordó la importancia económica y social que reviste la distribución de combustible para el país, especialmente por su aporte en la reducción de la huella de carbono al utilizar la eficiente vía fluvial.
Ante este contexto de zozobra, la ACP hizo un llamado enfático a las autoridades para garantizar la seguridad de empleados y comunidades impactadas por estas operaciones criminales, así como la viabilidad de las compañías afectadas.
Estas empresas del sector de hidrocarburos vienen siendo blanco recurrente de organizaciones ilegales mediante prácticas intimidatorias y extorsivas, pese a su rol protagónico en el abastecimiento energético nacional y su contribución a la reactivación económica regional.
