“Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía y de todas las ramas”: Petro

Petro recuerda que la Constitución, en su artículo 251, otorga al Fiscal General la función especial de suministrar información sobre casos que alteren el orden público y la paz al Jefe de Estado.
1 año atrás
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Tras la polémica nacional suscitada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, frente al fiscal general de la Nación, el jefe de Estado emitió un comunicado en el cual asegura que respeta y respetará la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público.

Sin embargo, sostuvo que no guardará silencio frente a estas graves denuncias por las cuales ha solicitado información y está dispuesto a tomar acciones al respecto.

Petro reconoció que, si bien el Fiscal General no está subordinado a ningún funcionario en particular, sí está sujeto a la Constitución y la ley. En este sentido, expresó su preocupación por las vagas explicaciones que el Fiscal ha brindado a interrogantes serios y graves planteados por un periodista, las cuales, de ser ciertas, pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia.

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El presidente considera que el silencio del fiscal Barbosa no solo falta al respeto, sino que también viola la Constitución.

El mandatario señaló que la Constitución del 91 reconoce esta cuestión y otorga al Presidente la facultad de conformar la terna de la cual se elige al Fiscal General. Además, la Carta Política establece que el Fiscal debe suministrar al Presidente la información de las investigaciones cuando esta sea relevante en materia de orden público, de acuerdo con el numeral 6° del artículo 251.

Asimismo, el presidente Petro señaló el daño que el silencio del Fiscal General causa a la propia Fiscalía. Se refirió a denuncias graves que, de ser comprobadas, implicarían la complicidad del fiscal delegado Daniel Hernández, quien forma parte del círculo cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa.

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Estas denuncias relacionan a Hernández con omisiones de protección a más 200 personas en riesgo de ser asesinadas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública.

A pesar de que el fiscal Hernández enfrenta imputaciones por prevaricato y supuestas amenazas a un testigo del caso Odebrecht, sigue ocupando su cargo. Según fuentes periodísticas, incluso se encuentra en la mira del FBI.